San Cristóbal de Las Casas, Chis. 30 de Agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Asociación Civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos (Frayba), el Movimiento de El Bosque por la Libertad de Alberto Patishtán Gómez y los familiares de éste, anunciaron el inicio de una estrategia jurídica consistente en solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso del indígena adherente de la Otra Campaña y asuma “un incidente de reconocimiento de inocencia”, pues su encarcelamiento, desde hace 12 años, es “totalmente injustificado”.
En una conferencia de prensa, el abogado Leonel Rivero Rodríguez, coordinador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, “especializada en casos de alto impacto social, como el de San Salvador Atenco, el de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de ciudadanos vascos perseguidos por el Estado español, entre otros”, dijo que “la competencia le permitirá a la Corte establecer nuevos criterios paradigmáticos a partir de este asunto y puede ayudar no sólo a que Alberto alcance su libertad, sino a que otras personas puedan beneficiarse por la manera en que está planteándose el incidente”.
Agregó: “Para nosotros es esencial y esa es nuestra petición, que la SCJN reasuma la competencia original y sea la que resuelva el caso, porque además el incidente plantea nuevas expectativas y retos e inclusive me atrevo a señalar que la forma en que se va a presentar es totalmente innovadora”.
Señaló que el despacho a su cargo sólo está esperando sostener una reunión con el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza para presentar el paquete jurídico de 60 hojas, denominado recurso de reconocimiento de inocencia.
“El recurso está terminado, pero si lo presentamos ante la Corte lo va a remitir a un tribunal colegiado en Chiapas, en el cual no confiamos. Tan pronto tengamos la reunión, al día siguiente estaremos en posibilidad de presentar el nuevo recurso, probablemente la próxima semana. De ahí, la sustanciación del recurso no se lleva más de cuatro meses por lo que consideramos que a más tardar en enero ya habrá una resolución y estamos convencidos de que será positiva”, aseveró.
Luego de recordar que en junio de 2010 entró en vigor la reforma constitucional que incorporó los derechos humanos en la Constitución, “lo que generó un nuevo paradigma de la interpretación del derecho con nuevas vías” legales, expresó que “este nuevo reconocimiento de inocencia está fundamentado única y exclusivamente en una hipótesis que establece el artículo 560 del Código de Procedimientos Penales, el cual señala que es posible a partir de la existencia de nuevos documentos públicos”.
Patishtán Gómez fue detenido en junio de 2000 acusado de haber participado en una emboscada que dejó siete policías muertos y dos personas heridas en el municipio de El Bosque, en el norte de Chiapas. Fue sentenciado a 60 años de cárcel, mientras que el supuesto copartícipe, Salvador López fue liberado ocho meses después. Ha sido recluido en diferentes penales de Chiapas y en el de Guasave, Sinaloa, de donde fue trasladado hace unas semanas al que se ubica a 20 kilómetros de esta ciudad.
Acompañado por el director del Frayba, Víctor Hugo López, por familiares y por miembros de organizaciones que demandan la liberación del indígena, Rivero Rodríguez aseguró que el caso Atenco “es uno de los temas en los que el poder judicial ha actuado tendenciosamente, pero el caso de Alberto es totalmente surrealista”.
Por ejemplo, abundó, “el Agente del Ministerio Público redactó en 15 minutos un documento de 60 hojas en Tuxtla Gutiérrez; en esos mismos 15 minutos lo llevaron ante un juzgado de distrito y en esos mismos 15 minutos el juez volvió a redactar otro documento de 20 hojas; en 15 minutos se decretó el arraigo de Alberto; es totalmente absurdo”.
Además, manifestó, “hay actuaciones en el expediente en las cuales indistintamente el agente del Ministerio Público estaba firmando y actuando en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez con diferencia de diez o 15 minutos, aunque esas son cuestiones que ya no se pueden hacer valer a nivel interno”.
Sostuvo que fueron seis las pruebas que sirvieron como base para condenar a Patishtán Gómez, de las cuales, “conforme a la nueva interpretación que ha hecho el poder judicial de la federación”, cuatro tendrían que ser desechadas.
Precisó que una de las pruebas que sirvió como base para condenarlo, “es la declaración de uno de los sobrevivientes, el policía Belisario Gómez Pérez, quien, pequeño detalle, fue interrogado el mismo día y a la misma hora por el agente del Ministerio Público de la Federación y del fuero común. Son dos declaraciones tomadas a la misma hora y en el mismo lugar que en sí mismas son discordantes”.
Refirió que “conforme a la interpretación que ha hecho un tribunal colegiado del poder judicial de la federación en 2010, las dos actuaciones celebradas el mismo momento deben de anularse porque atentan contra el principio de legalidad, ya que no hay una seguridad de cuál de las dos fue tomada en un primer momento; por ende, invocaremos ese criterio y con base en él esa prueba quedará anulada”.
Otra situación “irregular”, dijo, es que el entonces alcalde de El Bosque, Manuel Gómez Pérez, padre del otro sobreviviente, Rosemberg Gómez Pérez, proporcionó a la policía judicial cuando comenzó la investigación del caso, una fotografía de Alberto e indujo la acusación; esa fotografía sirvió de base para que un testigo lo incriminara”.
Afirmó que “la Corte ha dicho que toda fotografía incorporada al proceso sin consentimiento del imputado o del probable responsable debe de anularse, porque es una prueba obtenida de manera ilícita. Aquí la autoridad municipal introdujo una foto que sirvió como elemento para acusarlo. Seis pruebas son las que conformaron lo que se denomina en términos legales la prueba circunstancial, que es como si elaboráramos una cadena y si quitamos uno o dos eslabones se rompe la concatenación y la prueba se destruye; entonces no habrá una prueba con la cual se pueda sustentar que Alberto es el responsable” de la emboscada y la muerte de siete policías.
Víctor Hugo López dijo que desde hace cuatro meses, desde el comienzo de la campaña por la libertad de Alberto, a quien define como “preso político”, miles de organizaciones, colectivos, comunidades y personas, se han solidarizado con él en más de 30 países alrededor del mundo.
Agregó que en ese contexto, el pasado lunes inició la Cuarta Etapa de la “Acción Global para Tumbar Las Paredes del Calabozo, Campaña Mundial, convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio de La Otra Campaña de Nueva York”, que en los próximos días dará a conocer las acciones internacionales a favor de la libertad de Patishtán Gómez.
Indicó que como parte de la campaña mundial, en Chiapas, el viernes 31 de agosto se realizará un día de ayuno y oración en varias parroquias de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el 4 de septiembre próximo, la organización denominada Pueblo Creyente ha convocado a una peregrinación de la zona tzotzil, que culminará con una celebración en la Catedral de San Cristóbal.
“La familia de Alberto Patishtán, la comunidad de El Bosque y las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, organizaciones, colectivos, comunidades e individuos a unirse a las diferentes iniciativas por su libertad comenzando por enviar cartas al Ministro Presidente de la SCJN, para que dentro de sus facultades, asuma el recurso a favor del profesor tzotzil”, aseveró.
Concluyó: “Consideramos que es de suma importancia hacer visibles las acciones a favor de la libertad de Alberto Patishtán, ya que es una oportunidad para que, a través del máximo tribunal del país, se obtenga su libertad”.
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