La Comisión de Justicia concluyó que la adición surgió por el encarcelamiento de personas que no tuvieron una defensa adecuada.
Enrique Méndez
Publicado: 28/10/2013 15:24
México, DF. La
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados decidió avalar sin
cambios la minuta del Senado, para que el Ejecutivo tenga la
atribución de conceder el indulto, medida que busca lograr la
liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez y otros indígenas
presos, “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves
a los derechos humanos” en el proceso penal.
Según el proyecto de
dictamen, circulado hoy a los diputados y que se votará mañana en
la comisión, la reforma para agregar un artículo 97 bis al Código
Penal Federal consiste en “abrir la posibilidad de que, a través
de un indulto, el Ejecutivo pueda otorgar la libertad y justicia a
todas las personas que injustamente fueron condenadas por no contar
con los medios legales para su defensa”.
La minuta fue recibida el
jueves en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de
Justicia, que tras revisarla concluyó que la adición surge por el
encarcelamiento de personas a quienes no les fue garantizado su
derecho a una defensa adecuada, violados sus derechos al debido
proceso y sentenciadas “con penas privativas de la libertad de
manera arbitraria, trayendo consigo consecuencias negativas en el
sistema federal de justicia penal”.
El proyecto define que
numerosos casos justifican la reforma. “Ejemplos hay muchos; sin
embargo, el más reciente y que ha cobrado mayor relevancia en los
meses recientes, es el caso del profesor Alberto Patishtán, acusado
por lesiones, homicidio calificado, robo calificado, daños y
portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y que
lleva encarcelado 13 años”, expresa.
También considera que el
caso es de tal relevancia, que el Congreso de la Unión ha emitido
tres puntos de acuerdo para exigir la liberación de Patishtán.
Acota que el proceso
contra Patishtán no es el único en que el acusado no recibió una
defensa adecuada.
“Se pueden citar el
caso de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y
Teresa González, en Querétaro; y el de Francisco Santiz, en
Chiapas. Hay muchos más que, por desgracia, no hay cobrado la
relevancia que merecen”, indica.
En ese sentido, plantea
la conveniencia de aprobar mecanismos legales “que intercedan en
acciones para que estos casos no sigan siendo parte de la vida
cotidiana”.
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Fernando Camacho Servín
