AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración Pública
Índice: AMR 41/064/2013
1° de octubre de 2013
Amnistía Internacional llama hoy a los poderes del Estado a liberar a
Alberto Patishtán, un indígena tzotzil y maestro bilingüe del estado de
Chiapas para poner fin a 13 años de encarcelamiento injusto. Esta
detención prolongada es una muestra más de que en México las personas
indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos humanos,
como los derechos a vivir sin discriminación y a un juicio justo.
Luego de estudiar el caso de Alberto Patishtán, condenado por el
asesinato de siete policías, la organización considera que el proceso
judicial y la sentencia en su contra son injustos. La reciente decisión
del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez de rechazar la petición de
reconocimiento de inocencia implica que ya no queda ningún recurso
efectivo dentro del sistema de justicia mexicano para corregir la
injusticia que está viviendo Alberto.
Amnistía Internacional reconoce la gravedad del múltiple
homicidio ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el
municipio de Simojovel, estado de Chiapas. Familiares y sobrevivientes
tienen el derecho a exigir que los verdaderos culpables sean llevados
ante la justicia. Sin embargo, el estudio del caso realizado por
Amnistía Internacional indica que Alberto Patishtán no participó de
estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el
proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los
asesinatos permanecen en la impunidad.
Como en otros casos documentados por Amnistía Internacional, el
hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos
económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso
justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato
igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder
judicial.
En 2002, el Juzgado Primero de Distrito en Chiapas sentenció a
Alberto Patishtán a 60 años de prisión por lesiones y homicidio
calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército. Una apelación, un amparo y un primer incidente
de reconocimiento de inocencia fueron rechazados en 2002, 2003 y 2009
respectivamente. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las
irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron
evaluadas debidamente para corregir la condena.
El Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez rechazó esta petición
por considerar que los avances recientes en la jurisprudencia del poder
judicial no constituyen “prueba novedosa”, al tiempo que reconoce que su
decisión “no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal
del sentenciado”. Sin embargo, el Tribunal ha desaprovechado la
posibilidad de revisar esta sentencia a la luz de los nuevos estándares
de protección de los derechos humanos. Resulta preocupante que el poder
judicial evite analizar esta sentencia teniendo en cuenta las normas
internacionales de derechos humanos que ya forman parte de la
Constitución mexicana.
Al revisar este caso detalladamente, Amnistía Internacional
considera que existen serias fallas acerca la conducción del proceso y
del juicio en su contra.
En particular, la organización considera que:
· Nunca se investigó la influencia indebida por parte del
presidente municipal de El Bosque, municipio vecino de Simojovel y donde
vivía Alberto Patishtán, en la investigación preliminar realizada por
el ministerio público. Antes de la declaración de su hijo, quien fue uno
de dos sobrevivientes del ataque y el único testigo que señaló a
Alberto Patishtán, el presidente municipal le manifestó al ministerio
público que Patishtán era uno de los autores del delito. Asimismo,
comunicó el supuesto móvil del crimen. Estos elementos sirvieron para
emitir una orden de localización contra Patishtán. El presidente
municipal también proveyó una fotografía de Patishtán que el ministerio
público utilizó para proceder contra éste y animar a testigos no
presenciales a señalarlo como responsable.
· Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social
que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto
Patishtán por parte del presidente municipal y su hijo. Un mes antes de
los asesinatos, Alberto Patishtán y otras personas de su comunidad
habían pedido públicamente la remoción del presidente municipal. Este
antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio
público ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de
los jueces de primera, segunda y tercera instancia.
· Existen contradicciones no resueltas entre las diferentes
declaraciones que realizó el hijo de presidente municipal sobre estos
hechos.
· Existen contradicciones no resueltas entre los testimonios
del hijo del presidente municipal y el otro sobreviviente del ataque.
Entre otras cuestiones, la forma del ataque y el número y vestimenta de
los atacantes, incluyendo si llevaban pasamontañas o no.
· En una de sus declaraciones el hijo del presidente municipal
inculpó a una segunda persona que posteriormente fue absuelta al
demostrar su inocencia, lo cual pone nuevamente en duda la credibilidad
de su testimonio.
· Hubo falta de acceso a una defensa efectivo por parte de
Alberto Patishtán para asegurar que pudiera defenderse eficazmente
contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos y otras
pruebas, así como presentar pruebas eficientes de defensa;
· La decisión de los jueces de desechar las pruebas de descargo
presentadas por varios testigos que señalaron la presencia de Alberto
Patishtán en otro lugar durante los hechos contrasta con la forma en que
las contradicciones en las declaraciones de los testigos de la
acusación fueron ignoradas.
· Hubo violaciones del debido proceso por parte del ministerio
público al recabar las pruebas y presumir la culpabilidad de Alberto
Patishtán y, posteriormente, por parte del poder judicial, el cual no
garantizó la presunción de inocencia al ignorar las violaciones de
debido proceso y su impacto sobre el valor de las pruebas.
Amnistía Internacional considera que estas irregularidades
indican que la sentencia contra Alberto Patishtán se emitió sin
garantizar sus derechos fundamentales y ha resultado en su prolongado e
injusto encarcelamiento. Él y su familia han tenido que vivir esta
injusticia durante 13 años. Además, la salud del maestro indígena se ha
deteriorado durante su permanencia en prisión.
Actualmente, la vía jurídica sólo le ofrece el largo camino del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual puede tardar varios
años en garantizarle acceso a un recurso efectivo. Por lo tanto,
Amnistía Internacional considera que las autoridades federales deben
poner fin a esta injusticia y liberar a Alberto Patishtán de forma
inmediata para reafirmar el Estado de derecho y los derechos humanos.
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