Ciudad de México (22 septiembre 2013).- El
profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán cumple una condena de 60
años de prisión acusado de perpetrar una emboscada que dejó siete
policías muertos en la carretera que une los municipios de Simojovel y
El Bosque.
El proceso estuvo plagado de anomalías, incumpliéndose el debido proceso y negándosele el acceso a una debida defensa desde el momento mismo de iniciar las primeras averiguaciones, en las que no se preservó el lugar de los hechos, no existió una adecuada recolección y clasificación de evidencias, rompiéndose completamente la cadena de custodia.
El único testigo que existe, Belisario Gómez Pérez, declara contradictoriamente en varias ocasiones, manifestando en un principio que los atacantes estaban encapuchados y por lo tanto no eran identificables, para después de haber sido coaccionado y aleccionado manifestar que reconocía a Alberto Patishtán como uno de los agresores.
A esto se le suma la incompetencia de su defensa, que no ofreció las pruebas adecuadas, que no interrogó adecuadamente a los testigos de cargo, que omitió interponer recursos... Todo esto violatorio del derecho de defensa adecuada que preconiza nuestra Constitución.
Con todos estos vicios, Patishtán fue condenado en primera instancia a 60 años de prisión, cuestión que fue confirmada en apelación y posteriormente le fue negado el amparo, sentencias todas que convalidan la arbitrariedad de la indagatoria y le da valor a pruebas claramente prohibidas en nuestra legislación, por haberse obtenido con violación de derechos humanos.
Ante este sombrío panorama, la esperanza no sólo de Alberto Patishtán sino de buena parte de los defensores de derechos humanos, de la sociedad misma que exigía su liberación e incluso de muchos sectores del gobierno que comprenden la injusticia que se ha cometido, se depositó en el incidente de reconocimiento de inocencia que presentó su defensa en septiembre de 2012.
Sin embargo, el 12 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, perteneciente al Poder Judicial Federal, determinó que los elementos que se aportaron en el recurso no eran suficientes para invalidar las pruebas que dan sustento a la sentencia de 60 años de prisión.
A pesar de haber sido requerida para hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a atraer el caso, cuestión que no concuerda con la propia postura de este máximo tribunal en casos tan emblemáticos como el de Florence Cassez en el que, ante la presión del gobierno francés, no sólo atrajeron el caso, sino que decretaron su inmediata libertad arguyendo violaciones procedimentales.
El conocido capo de la droga Caro Quintero, quien incluso ofreció pagar la deuda externa con el dinero que le aportaba el narcotráfico, también fue dejado en libertad, esta vez bajo el argumento de la falta de competencia del tribunal que lo había condenado.
Al hermano del ex presidente Carlos Salinas la justicia federal ordenó que se le devolvieran todos sus bienes, reconociendo que aunque habían sido fruto del delito no había razón para no regresarle la propiedad. Estos bienes ascendían a varios miles de millones de pesos.
Como estos ejemplos podríamos citar cientos, en donde las prebendas a narcotraficantes, políticos, extranjeros influyentes, empresarios acaudalados y líderes sindicales son el pan de cada día, mientras que el grueso de la población ve vulnerados con reiteración sus más elementales derechos humanos.
Es con casos como este, con los que se confirma la selectividad de la justicia en nuestro país, que a fin de cuentas se traduce en injusticia.
La Suprema Corte de Justicia y los tribunales que de ella dependen, como el que negó el reconocimiento de inocencia a Patishtán, han mostrado una gran indiferencia a la realidad histórica de nuestro pueblo, han sido omisos en el proceso de otorgar justicia y seguridad jurídica a quienes no tienen poder político o económico.
Los ministros, magistrados, jueces y demás integrantes de Poder Judicial Federal y de los estados se han convertido en ejemplo de nepotismo, corrupción, negligencia, intolerancia, falta de empatía con la población y de una visión parcial. Como dijera Piero Calamandrei, a los jueces se les ha dado "un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito".
El proceso estuvo plagado de anomalías, incumpliéndose el debido proceso y negándosele el acceso a una debida defensa desde el momento mismo de iniciar las primeras averiguaciones, en las que no se preservó el lugar de los hechos, no existió una adecuada recolección y clasificación de evidencias, rompiéndose completamente la cadena de custodia.
El único testigo que existe, Belisario Gómez Pérez, declara contradictoriamente en varias ocasiones, manifestando en un principio que los atacantes estaban encapuchados y por lo tanto no eran identificables, para después de haber sido coaccionado y aleccionado manifestar que reconocía a Alberto Patishtán como uno de los agresores.
A esto se le suma la incompetencia de su defensa, que no ofreció las pruebas adecuadas, que no interrogó adecuadamente a los testigos de cargo, que omitió interponer recursos... Todo esto violatorio del derecho de defensa adecuada que preconiza nuestra Constitución.
Con todos estos vicios, Patishtán fue condenado en primera instancia a 60 años de prisión, cuestión que fue confirmada en apelación y posteriormente le fue negado el amparo, sentencias todas que convalidan la arbitrariedad de la indagatoria y le da valor a pruebas claramente prohibidas en nuestra legislación, por haberse obtenido con violación de derechos humanos.
Ante este sombrío panorama, la esperanza no sólo de Alberto Patishtán sino de buena parte de los defensores de derechos humanos, de la sociedad misma que exigía su liberación e incluso de muchos sectores del gobierno que comprenden la injusticia que se ha cometido, se depositó en el incidente de reconocimiento de inocencia que presentó su defensa en septiembre de 2012.
Sin embargo, el 12 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, perteneciente al Poder Judicial Federal, determinó que los elementos que se aportaron en el recurso no eran suficientes para invalidar las pruebas que dan sustento a la sentencia de 60 años de prisión.
A pesar de haber sido requerida para hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a atraer el caso, cuestión que no concuerda con la propia postura de este máximo tribunal en casos tan emblemáticos como el de Florence Cassez en el que, ante la presión del gobierno francés, no sólo atrajeron el caso, sino que decretaron su inmediata libertad arguyendo violaciones procedimentales.
El conocido capo de la droga Caro Quintero, quien incluso ofreció pagar la deuda externa con el dinero que le aportaba el narcotráfico, también fue dejado en libertad, esta vez bajo el argumento de la falta de competencia del tribunal que lo había condenado.
Al hermano del ex presidente Carlos Salinas la justicia federal ordenó que se le devolvieran todos sus bienes, reconociendo que aunque habían sido fruto del delito no había razón para no regresarle la propiedad. Estos bienes ascendían a varios miles de millones de pesos.
Como estos ejemplos podríamos citar cientos, en donde las prebendas a narcotraficantes, políticos, extranjeros influyentes, empresarios acaudalados y líderes sindicales son el pan de cada día, mientras que el grueso de la población ve vulnerados con reiteración sus más elementales derechos humanos.
Es con casos como este, con los que se confirma la selectividad de la justicia en nuestro país, que a fin de cuentas se traduce en injusticia.
La Suprema Corte de Justicia y los tribunales que de ella dependen, como el que negó el reconocimiento de inocencia a Patishtán, han mostrado una gran indiferencia a la realidad histórica de nuestro pueblo, han sido omisos en el proceso de otorgar justicia y seguridad jurídica a quienes no tienen poder político o económico.
Los ministros, magistrados, jueces y demás integrantes de Poder Judicial Federal y de los estados se han convertido en ejemplo de nepotismo, corrupción, negligencia, intolerancia, falta de empatía con la población y de una visión parcial. Como dijera Piero Calamandrei, a los jueces se les ha dado "un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito".
Libertad a Patishtán.
El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Facebook: JulioHernandezBarros
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