Por Concha Moreno / 02/10/2013
Una vez más, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las
autoridades mexicanas para que pongan en libertad a Alberto Patishtán,
el indígena tzotzil y maestro bilingüe del estado de Chiapas que lleva
13 años encarcelado.
Esta detención prolongada es una muestra más de que en México las
personas indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos
humanos, como es vivir sin discriminación y tener un juicio justo.
Este hombre fue condenado por el asesinato de siete policías, pero
Amnistía considera que el proceso judicial y la sentencia en su contra
son injustos. Recientemente, el Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez
(Chiapas) rechazó la petición de reconocimiento de inocencia que
solicitaron tanto organizaciones de derechos humanos como miles de
personas. La actitud del tribunal implica que ya no queda ningún recurso
efectivo dentro del sistema mexicano para corregir la injusticia que
está viviendo Alberto.
Amnistía Internacional reconoce la gravedad del múltiple homicidio
ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de
Simojovel, estado de Chiapas, pero insiste en que el estudio del caso
hecho por la organización indica que Alberto Patishtán no participó de
estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el
proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los
asesinatos permanecen en la impunidad y amparados por quienes urdieron
la incriminación.
Como en otros casos documentados por Amnistía, el hecho de que
Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos
jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en
particular a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por
parte del ministerio público y el poder judicial.
En el proceso celebrado hace unos meses en Tuxtla se pretendió
demostrar que, según la reforma constitucional en derechos humanos, y la
propia jurisprudencia del poder judicial federal desarrollada desde
2000, la evaluación de las pruebas de cargo y de defensa debió haber
protegido derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el
debido proceso para asegurar un juicio justo. Sin embargo, el tribunal
rechazó la solicitud de inocencia por considerar que los avances
recientes en la jurisprudencia del poder judicial no constituyen “prueba
novedosa”, al tiempo que reconoce que su decisión “no contiene un
pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”.
En definitiva, que el Tribunal ha desaprovechado la posibilidad de
revisar esta sentencia a la luz de los nuevos estándares de protección
de los derechos humanos y sigue empecinado en negar que haya habido
irregularidades en el proceso. Resulta preocupante que el poder judicial
evite analizar esta sentencia teniendo en cuenta las normas
internacionales de derechos humanos que ya forman parte de la
Constitución mexicana. Y todo, porque no quieren admitir que se han
equivocado. O porque hay intereses de otro tipo, como encubrir a los
verdaderos culpables o satisfacer las ansias de venganza de determinados
personajes.
Irregularidades y contradicciones
En esta historia, según Amnistía, nunca se investigó la influencia
del alcalde del municipio vecino al de Patishtan. EL hijo del edil
sobrevivió al ataque que se le imputa al indígena, y el único que le
señaló, por lo que el padre le acusó formalmente y comunicó el
“supuesto” móvil del crimen, además de facilitar una fotografía, para
que se le pudiera identificar. Así se emitió una orden de localización
y, con ayuda de testigos no presenciales,, pero que colaboraron en su
detención, las autoridades consiguieron encerrarle.
Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social que podría
haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán por
parte del alcalde y de su hijo. Porque, curiosamente, un mes antes de
los asesinatos, Alberto y otras personas de su comunidad habían pedido
públicamente la dimisión del edil en cuestión. Este antecedente nunca
fue objeto de investigación por parte del ministerio público ni fue
considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces.
Por otra parte, existen contradicciones no resueltas entre las
diferentes declaraciones que hizo el hijo del alcalde sobre estos
hechos, y entre sus afirmaciones y el de otro superviviente del ataque
en relación a cómo se realizó, cuántos participaron y cómo iban
vestidos. Pero parece que nadie le dio importancia. El colmo de las
irregularidades es el hecho de que el joven también inculpara a una
segunda persona, pero ésta fue absuelta posteriormente, al demostrar su
inocencia. La inocencia de Patishtán, simplemente, no se quiere
reconocer.
Hasta se le dificultó considerablemente que pudiera defenderse
eficazmente contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos
y otras pruebas, así como presentar otras de defensa. Los jueces
llegaron a desechar las pruebas de descargo mostradas por varios
testigos que señalaron la presencia de Alberto Patishtán en otro lugar
durante los hechos contrasta con la forma en que las contradicciones en
las declaraciones de los testigos de la acusación fueron ignoradas.
Actualmente, la vía jurídica sólo le ofrece el largo camino del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual puede tardar varios
años en garantizarle acceso a un recurso efectivo. Mientras, este hombre
seguirá en la cárcel y, probablemente, perezca en ella, pues su salud
está especialmente deteriorada, por el mero hecho de ser indígena y
pobre. Una suerte que, desgraciadamente, corren demasiados mexicanos.
El lunes pasado, el Movimiento del Pueblo de El Bosque por la
libertad de Alberto Patishtán afirmó que no permitirá que “se muera en
la cárcel”, por lo que prepara más acciones de protesta para lograr su
excarcelación. “Se han muerto muchos hombres y mujeres inocentes en la
cárcel porque no hay justicia, pero con Alberto no va a pasar: él no va a
pudrirse en la cárcel; tenemos la esperanza y confiamos en Dios que
algún día estará con nosotros en el pueblo de El Bosque”, afirmó Martín
Ramírez, uno de los dirigentes del movimiento.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada
Miriam Cárdenas Cantú ha hecho pública su intención de hacer un
análisis puntual y objetivo de las condiciones en las que puede haber un
pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos y llevarlo al Pleno
para que lo acepte la Cámara de Diputados. Esperemos que, entre unos y
otros, se consiga hacer justicia.
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