En apenas 25 años la población reclusa ha pasado de 18.583 a 60.431 personas
¿Para qué sirve la prisión?
APDHA / Colateral
Hoy, como siempre, la cárcel sirve ante todo para encerrar a determinadas personas (y no a otras). Y parece servir bastante bien si nos atenemos a la evolución de los datos que reflejan el promedio de población encarcelada año por año en nuestro país.En apenas 25 años, hemos pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas, a las 60.431 personas presas de la actualidad, más de tres veces la cifra anterior. Salvo dos momentos en que se produjeron significativos descensos: en 1983 con ocasión de la Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal por la que se introdujeron topes máximos para la prisión preventiva, que supusieron la salida de muchos presos preventivos, y en 1995 con motivo de la Reforma del Código Penal que obligó a acomodar las sentencias antiguas a la nueva legislación, por lo que al revisar las sentencias anteriores, algunas personas quedaron excarceladas2, lo cierto es que prácticamente desde 1980 hasta ahora la población carcelaria no ha parado de crecer. Es verdad que a este incremento habría de restársele el efecto del crecimiento de la población española que si en 1980 era de 37,4 millones de habitantes, ahora es de 43,2. Sin embargo, si en lugar representar valores absolutos representamos tasas de personas presas por 100.000 habitantes, lo cierto es que la curva presenta un perfil muy semejante, habiendo pasado de una tasa de 50 a otra de 136 en 2004, y que superaría el 141 con los datos actuales a finales de 2005.
Digamos que la tendencia a la encarcelación presente en la sociedad española que reflejan estas tasas se ha multiplicado casi por 3 en los últimos 25 años. Las razones de esta evolución son difíciles de precisar con exactitud a falta de un análisis más exhaustivo y detallado para el que carecemos de datos más precisos, sin embargo parece que en este resultado constatable del incremento exponencial del número de personas presas se dan cita circunstancias como: la tendencia a imponer sentencias más largas a determinados delitos, el aumento de personas condenadas por delitos violentos (violencia de género, por ejemplo), el incremento en el uso de la prisión preventiva, la prolongación del período de cumplimiento en régimen cerrado y la escasa utilización de las medidas alternativas a la prisión que se hace por parte de los jueces, cada vez más presionados por una opinión pública muy condicionada y exigente debido a la utilización escandalosa que se hace en los medios de comunicación de determinados sucesos delictivos puntuales y lamentables en los que intervienen reclusos que se encuentran de permiso o en tercer grado. No obstante, conviene recordar que en una sociedad como la nuestra, marcada por la desigualdad económica y las llamadas constantes al consumo compulsivo de bienes materiales, la mayoría de los delitos que se cometen, al menos si nos atenemos a las cifras de delitos conocidos por la policía3, son, como no deja de ser lógico, delitos contra la propiedad (el 80%), seguidos muy de lejos por los delitos contra las personas (6%), contra la seguridad colectiva (6%) y contra la libertad sexual (1%). Los delitos más graves y que pueden generar más alarma social, son los menos frecuentes. El perfil medio de la persona que ha cometido un delito y se encuentra en prisión no es mayoritariamente el caso de un violador o un asesino, por el contrario la inmensa mayoría de los delitos cometidos por la población penada, según los datos que proporciona la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, tienen que ver con delitos contra la propiedad y la salud pública. En la base de unos y otros se sitúa la cuestión de las drogas y las consecuencias que acarrean, algo que probablemente requiera soluciones más cercanas a los tratamientos de desintoxicación, acompañados de programas de mediación y atención a las víctimas y muchas menos soluciones de tipo carcelario que lejos de trabajar sobre las causas para eliminar el problema de fondo, no hacen sino aumentarlo y exacerbarlo.
Más allá de esta obviedad: que la cárcel sirve para encarcelar y que se encarcela cada vez más, hemos de reconocer que la cárcel además de para los fines oficialmente proclamados de retención y custodia y de los sistemáticamente incumplidos de rehabilitación y reinserción del infractor, sirve esencialmente para profundizar y afianzar la ruptura con el mundo exterior de quienes ingresan en ella, para incrementar la desadaptación social y la desidentificación personal de las personas presas, para aumentar o provocar la desvinculación familiar y el desarraigo, y por supuesto, asumiendo el argumento cínico del mercado, para generar puestos de trabajo y alimentar una industria en crecimiento constante.
Es decir, junto a la existencia de una serie de funciones declaradas e incumplidas en la práctica: reinserción social, intimidación, protección; nos encontramos en cambio con otra serie de funciones que son las que realmente cumple la cárcel: amplifica las asimetrías sociales, promueve la sumisión de la ciudadanía a las normas, y colabora eficacísimamente en el proceso de construcción social de los delincuentes merced a la dinámica selectiva del sistema penal que, en pasos encadenado y sucesivos (normas penales selectivas; selección policial; selección del sistema judicial; y finalmente selección por parte de la cárcel que con sus normas y su sistema de funcionamiento interno acaba seleccionando a los que han de permanecer dentro de ella más tiempo), el resultado es que el 81,2% de los penados en 2003 estaban presos por robo y/o por delitos contra la salud pública.
Este carácter selectivo del sistema penal, hace que sea enormemente difícil de defender con argumentos objetivos, la pretendida bondad del encarcelamiento como medida para combatir el crecimiento en el número de delitos. El argumento según el cual, a medida que un mayor número de delincuentes son encarcelados, las cifras de delitos que se cometen tienden a descender, sencillamente no se corresponde con la realidad de los datos. Analizando la evolución de delitos conocidos y personas encarceladas nos encontramos que al menos hay tres momentos en los últimos catorce años en los que las curvas no se mueven de forma inversa, sino que un aumento de la población encarcelada se acompaña de un aumento del número de delitos, o bien un descenso de presos, se une a un decenso de los delitos.
Es verdad que todas estas cifras podrían estar hablándonos más claramente de las insuficiencias y miserias de las estadísticas policiales que de cualquier otra cosa, sin embargo, creo que sirven al menos para invalidar el argumento fácil que aconseja más represión y más cárcel como remedio de todos los males que aquejan a la inseguridad ciudadana. Con los datos de que disponemos actualmente, nada parece avalar esta receta. Si nos alejamos de nuestro contexto español, la situación que reflejan las estadísticas es más o menos similar, en un libro publicado recientemente en Estados Unidos por Michael Jacobson, sociólogo y antiguo responsable de las cárceles neoyorquinas, en el que se aboga por la reducción del sistema carcelario y se proporcionan estrategias reformistas encaminadas a reducir el crimen y acabar con la encarcelación de masas se estima que en el mejor de los casos, la experiencia americana de los últimos años demuestra que un 10% de aumento en el número de presos, vendría a significar apenas una reducción de los delitos de entre un 1,6% a un 3% (2005). Es decir, que como mínimo se trata de una solución bastante ineficiente en la lucha contra el crimen. Muy probablemente como se afirmaba en un estudio del Ministerio del Interior Británico, la cárcel es un sistema bastante caro de conseguir que los chicos malos se vuelvan aún peores.
En cuanto al origen social de las personas encarceladas, la cárcel moderna (como la vieja) sirve esencialmente para encerrar a las clases más desfavorecidas. En nuestro país, es difícil encontrar estudios que analicen el origen social de las personas presas y dispongan de datos empíricos fiables sobre el mismo. Pese a todo, tenemos un estudio de C. Manzanos (1991), que aunque es de hace unos años y se centra en las personas internas en cárceles del País Vasco y sus familias, tiene la ventaja de proporcionar una visión global e integrada de la sociodemografía carcelaria en conexión con una sociología de la marginación. Según los datos obtenidos en una encuesta que llevó a cabo entre 435 familias de personas que estaban o habían estado presos entre 1982 y 1989, el 46,7% de las personas presas referenciadas en la muestra no habían llegado a superar los estudios primarios, y sólo el 1.8% llegaron a la Universidad. El 61% carecía de experiencia laboral alguna. Y más de la mitad de los presos (51,2%) unía a esta falta de experiencia laboral, una desescolarización temprana que les impidió completar los estudios primarios. Es decir, las personas presas se reclutan masivamente entre la población joven desempleada y sin estudios. Otro dato adicional que da idea de las dificultades de integración social padecidas por las personas encarceladas, es el que se refiere a la institucionalización infantil. Si bien únicamente el 0,4% de los menores de 14 años en el País Vasco se encontraban en instituciones de acogida, en cambio, hasta un ¡25,4%! de los presos de la muestra habían vivido durante su infancia la experiencia de haber sido institucionalizados. Por lo que se refiere al nivel de ingresos del hogar, Manzanos encontró que un 49,5% de las familias de los presos vivían en situación de pobreza (el 29,5% de sus hogares contaban con unos ingresos mensuales comprendidos entre 40 y 79.000 pts) o miseria (menos de 40.000 pts). E incluso cuando se utilizaban las líneas de pobreza, algo más estrictas, que se habían empleado en los estudios generales sobre pobreza económica realizados en el País Vasco en aquellas fechas por el Dpto. de Trabajo del Gobierno Vasco, entonces la práctica totalidad de las familias afectadas por la pena de prisión (el 98,6%) caían por debajo del umbral de pobreza, entendida ésta como ?los ingresos mínimos necesarios para llegar a fin de mes?. De ellas, el 64% estaban en situación de estricta miseria económica, siendo así que esta situación afectaba únicamente al 5% de todos los hogares de la CAV. La cárcel se nutre esencialmente de los miembros de las familias más pobres de la sociedad. La penalización de la miseria adquiere así todo su significado. Más aún si tenemos en cuenta que una de cada cuatro de aquellas familias de presos (25%) tenía más de un familiar preso o arrastrando problemas penales.
Naturalmente esto no significa afirmar que la criminalidad sea un patrimonio de las clases desfavorecidas, sino reconocer el filtro que ejercen las instituciones de control, persecución y sanción carcelaria del delito. Hasta el punto de que, sencillamente, para la policía y los jueces, pasan desapercibidas (no se ven), otras formas de delincuencia que son más frecuentes entre las clases sociales más altas (los llamados delitos de cuello blanco), que o bien no se persiguen con el mismo ardor, o, finalmente, no se llegan a castigar con penas de prisión. El resultado de todo ello es que la cárcel acaba siendo un destino que abre sus puertas casi en exclusiva para atrapar a los miembros de los hogares pobres y excluidos.
Extracto de una ponencia de Pedro José Cabrera, Profesor de la Universidad Pontifica de Comillas.
Digamos que la tendencia a la encarcelación presente en la sociedad española que reflejan estas tasas se ha multiplicado casi por 3 en los últimos 25 años. Las razones de esta evolución son difíciles de precisar con exactitud a falta de un análisis más exhaustivo y detallado para el que carecemos de datos más precisos, sin embargo parece que en este resultado constatable del incremento exponencial del número de personas presas se dan cita circunstancias como: la tendencia a imponer sentencias más largas a determinados delitos, el aumento de personas condenadas por delitos violentos (violencia de género, por ejemplo), el incremento en el uso de la prisión preventiva, la prolongación del período de cumplimiento en régimen cerrado y la escasa utilización de las medidas alternativas a la prisión que se hace por parte de los jueces, cada vez más presionados por una opinión pública muy condicionada y exigente debido a la utilización escandalosa que se hace en los medios de comunicación de determinados sucesos delictivos puntuales y lamentables en los que intervienen reclusos que se encuentran de permiso o en tercer grado. No obstante, conviene recordar que en una sociedad como la nuestra, marcada por la desigualdad económica y las llamadas constantes al consumo compulsivo de bienes materiales, la mayoría de los delitos que se cometen, al menos si nos atenemos a las cifras de delitos conocidos por la policía3, son, como no deja de ser lógico, delitos contra la propiedad (el 80%), seguidos muy de lejos por los delitos contra las personas (6%), contra la seguridad colectiva (6%) y contra la libertad sexual (1%). Los delitos más graves y que pueden generar más alarma social, son los menos frecuentes. El perfil medio de la persona que ha cometido un delito y se encuentra en prisión no es mayoritariamente el caso de un violador o un asesino, por el contrario la inmensa mayoría de los delitos cometidos por la población penada, según los datos que proporciona la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, tienen que ver con delitos contra la propiedad y la salud pública. En la base de unos y otros se sitúa la cuestión de las drogas y las consecuencias que acarrean, algo que probablemente requiera soluciones más cercanas a los tratamientos de desintoxicación, acompañados de programas de mediación y atención a las víctimas y muchas menos soluciones de tipo carcelario que lejos de trabajar sobre las causas para eliminar el problema de fondo, no hacen sino aumentarlo y exacerbarlo.
Más allá de esta obviedad: que la cárcel sirve para encarcelar y que se encarcela cada vez más, hemos de reconocer que la cárcel además de para los fines oficialmente proclamados de retención y custodia y de los sistemáticamente incumplidos de rehabilitación y reinserción del infractor, sirve esencialmente para profundizar y afianzar la ruptura con el mundo exterior de quienes ingresan en ella, para incrementar la desadaptación social y la desidentificación personal de las personas presas, para aumentar o provocar la desvinculación familiar y el desarraigo, y por supuesto, asumiendo el argumento cínico del mercado, para generar puestos de trabajo y alimentar una industria en crecimiento constante.
Es decir, junto a la existencia de una serie de funciones declaradas e incumplidas en la práctica: reinserción social, intimidación, protección; nos encontramos en cambio con otra serie de funciones que son las que realmente cumple la cárcel: amplifica las asimetrías sociales, promueve la sumisión de la ciudadanía a las normas, y colabora eficacísimamente en el proceso de construcción social de los delincuentes merced a la dinámica selectiva del sistema penal que, en pasos encadenado y sucesivos (normas penales selectivas; selección policial; selección del sistema judicial; y finalmente selección por parte de la cárcel que con sus normas y su sistema de funcionamiento interno acaba seleccionando a los que han de permanecer dentro de ella más tiempo), el resultado es que el 81,2% de los penados en 2003 estaban presos por robo y/o por delitos contra la salud pública.
Este carácter selectivo del sistema penal, hace que sea enormemente difícil de defender con argumentos objetivos, la pretendida bondad del encarcelamiento como medida para combatir el crecimiento en el número de delitos. El argumento según el cual, a medida que un mayor número de delincuentes son encarcelados, las cifras de delitos que se cometen tienden a descender, sencillamente no se corresponde con la realidad de los datos. Analizando la evolución de delitos conocidos y personas encarceladas nos encontramos que al menos hay tres momentos en los últimos catorce años en los que las curvas no se mueven de forma inversa, sino que un aumento de la población encarcelada se acompaña de un aumento del número de delitos, o bien un descenso de presos, se une a un decenso de los delitos.
Es verdad que todas estas cifras podrían estar hablándonos más claramente de las insuficiencias y miserias de las estadísticas policiales que de cualquier otra cosa, sin embargo, creo que sirven al menos para invalidar el argumento fácil que aconseja más represión y más cárcel como remedio de todos los males que aquejan a la inseguridad ciudadana. Con los datos de que disponemos actualmente, nada parece avalar esta receta. Si nos alejamos de nuestro contexto español, la situación que reflejan las estadísticas es más o menos similar, en un libro publicado recientemente en Estados Unidos por Michael Jacobson, sociólogo y antiguo responsable de las cárceles neoyorquinas, en el que se aboga por la reducción del sistema carcelario y se proporcionan estrategias reformistas encaminadas a reducir el crimen y acabar con la encarcelación de masas se estima que en el mejor de los casos, la experiencia americana de los últimos años demuestra que un 10% de aumento en el número de presos, vendría a significar apenas una reducción de los delitos de entre un 1,6% a un 3% (2005). Es decir, que como mínimo se trata de una solución bastante ineficiente en la lucha contra el crimen. Muy probablemente como se afirmaba en un estudio del Ministerio del Interior Británico, la cárcel es un sistema bastante caro de conseguir que los chicos malos se vuelvan aún peores.
En cuanto al origen social de las personas encarceladas, la cárcel moderna (como la vieja) sirve esencialmente para encerrar a las clases más desfavorecidas. En nuestro país, es difícil encontrar estudios que analicen el origen social de las personas presas y dispongan de datos empíricos fiables sobre el mismo. Pese a todo, tenemos un estudio de C. Manzanos (1991), que aunque es de hace unos años y se centra en las personas internas en cárceles del País Vasco y sus familias, tiene la ventaja de proporcionar una visión global e integrada de la sociodemografía carcelaria en conexión con una sociología de la marginación. Según los datos obtenidos en una encuesta que llevó a cabo entre 435 familias de personas que estaban o habían estado presos entre 1982 y 1989, el 46,7% de las personas presas referenciadas en la muestra no habían llegado a superar los estudios primarios, y sólo el 1.8% llegaron a la Universidad. El 61% carecía de experiencia laboral alguna. Y más de la mitad de los presos (51,2%) unía a esta falta de experiencia laboral, una desescolarización temprana que les impidió completar los estudios primarios. Es decir, las personas presas se reclutan masivamente entre la población joven desempleada y sin estudios. Otro dato adicional que da idea de las dificultades de integración social padecidas por las personas encarceladas, es el que se refiere a la institucionalización infantil. Si bien únicamente el 0,4% de los menores de 14 años en el País Vasco se encontraban en instituciones de acogida, en cambio, hasta un ¡25,4%! de los presos de la muestra habían vivido durante su infancia la experiencia de haber sido institucionalizados. Por lo que se refiere al nivel de ingresos del hogar, Manzanos encontró que un 49,5% de las familias de los presos vivían en situación de pobreza (el 29,5% de sus hogares contaban con unos ingresos mensuales comprendidos entre 40 y 79.000 pts) o miseria (menos de 40.000 pts). E incluso cuando se utilizaban las líneas de pobreza, algo más estrictas, que se habían empleado en los estudios generales sobre pobreza económica realizados en el País Vasco en aquellas fechas por el Dpto. de Trabajo del Gobierno Vasco, entonces la práctica totalidad de las familias afectadas por la pena de prisión (el 98,6%) caían por debajo del umbral de pobreza, entendida ésta como ?los ingresos mínimos necesarios para llegar a fin de mes?. De ellas, el 64% estaban en situación de estricta miseria económica, siendo así que esta situación afectaba únicamente al 5% de todos los hogares de la CAV. La cárcel se nutre esencialmente de los miembros de las familias más pobres de la sociedad. La penalización de la miseria adquiere así todo su significado. Más aún si tenemos en cuenta que una de cada cuatro de aquellas familias de presos (25%) tenía más de un familiar preso o arrastrando problemas penales.
Naturalmente esto no significa afirmar que la criminalidad sea un patrimonio de las clases desfavorecidas, sino reconocer el filtro que ejercen las instituciones de control, persecución y sanción carcelaria del delito. Hasta el punto de que, sencillamente, para la policía y los jueces, pasan desapercibidas (no se ven), otras formas de delincuencia que son más frecuentes entre las clases sociales más altas (los llamados delitos de cuello blanco), que o bien no se persiguen con el mismo ardor, o, finalmente, no se llegan a castigar con penas de prisión. El resultado de todo ello es que la cárcel acaba siendo un destino que abre sus puertas casi en exclusiva para atrapar a los miembros de los hogares pobres y excluidos.
Extracto de una ponencia de Pedro José Cabrera, Profesor de la Universidad Pontifica de Comillas.
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