TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis, (apro).- Preso desde hace 13 años, el maestro indígena bilingüe Alberto Patishtán Gómez está en espera de que un Tribunal Colegiado resuelva si en el juicio en su contra por el asesinato de siete policías se incurrió en fallas en el debido proceso, como alega su defensa.
De resultar así, terminaría su calvario; de lo contrario, tendría que cumplir su sentencia de 60 años de prisión. La decisión final llegará en la primera quincena de abril próximo.
Eran los años convulsos de Chiapas tras el levantamiento armado zapatista del 1 de enero de 1994 y tres semanas antes de que el PRI perdiera la presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas:
La mañana del 12 de junio del 2000, siete policías estatales cayeron abatidos a tiros en una emboscada en el paraje Las Lagunas de Las Limas municipio de Simojovel, entre ellos el jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Francisco Pérez Morales y el jefe policiaco municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz.
Los uniformados emboscados procedían del municipio de Simojovel y se dirigía al poblado de El Bosque, gobernado por Manuel Gómez Ruiz, con quien Alberto Patishtán Gómez tenía diferencias políticas desde tiempos de la jornada electoral en que fue candidato el primero.
En la emboscada donde perdieron los siete uniformados, sólo sobrevivieron Rosemberg Gómez Pérez, hijo del alcalde que manejaba la camioneta, y el policía estatal, Belisario Gómez Pérez, quien quedó entre los cuerpos de sus cinco compañeros muertos en la góndola.
La emboscada fue letal. Se dispararon 100 balas. Eran hombres encapuchados que previamente habían preparado trincheras para esperar el paso de la unidad con los uniformados.
Tan pronto como ocurrieron los hechos se empezó a especular que ésta había sido obra de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Incluso, se dijo que podían haber sido miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y hasta un presunto grupo paramilitar, como el que tres años atrás actúo en Acteal, Chenalhó, para agitar los días electorales previos al 2 de julio, jornada de los comicios federales.
Lo cierto es que una semana después fue capturado el maestro indígena bilingüe Alberto Patishtán Gómez. Ni era zapatista ni era del EPR ni tampoco pertenecía a grupo político alguno.
En entrevista, recuerda que su peor error fue enemistarse con el alcalde priísta Manuel Gómez Ruiz, cuyo hijo había resultado gravemente herido en la emboscada. Al igual que él, otro indígena fue detenido y torturado, acusado del crimen pero tres meses después liberado.
Desde el penal donde se encuentra recluido, señala que fue víctima de tortura física y sicológica desde el momento de su detención.
Asimismo, refiere que todas sus garantías individuales fueron violentadas desde un principio. Y que el defensor de oficio que lo asistió en un principio, un ladino, simuló defenderlo pero terminó de “hundirlo”.
A pesar de que testigos declararon que el día de la masacre el profesor estaba en el pueblo, dando clases en su escuela primaria, la justicia lo condenó.
Pesaron más las versiones que lo inculpaban, las que señalaron que lo vieron el día de la emboscada.
A Patishtán Gómez le sorprende que el Ministerio Público y el juez del ramo penal que lo sentenció a 60 años de prisión se hayan confabulado.
En su defensa, alegó que nunca le encontraron armas, “ni un sólo casquillo de bala”, y que sólo no podía haber matado a siete policías y dejar heridos a dos más. Y mucho menos razón tendría para hacerlo pues su lucha política en su pueblo era civil y pacífica, nunca la armada.
Aun en prisión, Patishtán no dejó de ser el activista y defensor de sus hermanos indígenas. Apoyó como traductor a indígenas presos, más de una vez les leyó sus expedientes penales.
Se fue ganando el aprecio de sus compañeros. Su labor de maestro la llevó a prisión donde enseñaba a leer y escribir a indígenas analfabetas. La cárcel para él era menos pesada si se mantenía ocupado ayudando a sus compañeros.
En ese proceso, se ligó a los reos indígenas zapatistas con quienes mantuvo mucha afinidad por su labor en la resistencia civil ciudadana en El Bosque.
Se declaró adherente en La Otra Campaña del EZLN y se erigió como líder y vocero de los indígenas de La Voz de El Amate. A Patishtán Gómez lo querían los reos indígenas, la mayoría tzotziles y otros tzeltales.
Casi todos fueron saliendo, menos él. Por eso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas asumió su defensa y, al revisar su expediente, se encontró con un cúmulo de irregularidades, la más grave la violación al debido proceso.
Decenas de organismos no gubernamentales de Chiapas, de México y todo el mundo se han pronunciado por la libertad de Patishtán Gómez. Su rostro ha circulado por diversos países desde donde se reclama su libertad, principalmente de Europa.
Cientos de cartas se han enviado a las autoridades, jueces y magistrados para que se valore su libertad.
Justo un año antes de morir, el 26 de enero del 2010, el obispo Samuel Ruiz García llegó a su celda en el penal de Sam Cristóbal de Las Casas para entregarle el reconocimiento creado en su honor por diversas organizaciones, el reconocimiento “Jtatic Jcanan Lum” por su ardua labor en la defensa de los derechos humanos de sus compañeros presos.
Alberto Patishtán denunció en el año 2010 de que padecía glaucoma en los ojos, una enfermedad irreversible que opaca la vista lentamente. Su situación de salud se agravó por la nula atención médica que existe al interior de los Centros Estatales de Reinserción y Readaptación Social.
Como castigo a esta lucha por su libertad y por la defensa de los derechos humanos fue trasladado el 20 de octubre de 2011, mientras se encontraba en huelga de hambre con los Solidarios de La Voz del Amate, al Centro Federal de Readaptación en Guasave, Sinaloa, México, en donde estuvo varios meses a más de 2000 km de su familia.
Sui desarraigo de Chiapas fue a petición del gobierno de Chiapas, en particular del actual secretario de gobierno del gobernador Manuel Velasco Coello, Noé Castañón León, quien ostenta el cargo desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero, quien también le prometió gestionar su libertad pero nunca le cumplió.
Velasco Coello se ha pronunciado ahora por su libertad públicamente.
La libertad de la francesa Florence Cassez abrió la esperanza de que Patishtán Gómez pudiera recobrar la libertad. Leonel Rivero, abogado del Despacho de Defensa Estrátegica en Derechos Humanos, AC, logró que el caso llegara hasta la Primera Sala de la SCJN el 6 der marzo pasado.
Ahí, los ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar votaron por que la Corte conociera el asunto y resolviera; sin embargo, los ministros José Ramón Cossío, Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rechazaron hacerlo, por lo que turnaron el caso al Tribunal Colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez.
El caso causó tanta indignación que hasta el propio subcomandante Marcos, que pocas veces había hablado exigiendo su libertad, rompió el silencio:
“El sistema de justicia reedita su ridiculez (que rima con Cassez) al negarle al profesor Alberto Pathistán Gómez la libertad, y así condenarlo por ser indígena en el México del siglo XXI. Pero el profesor resiste, y ni hablar de las comunidades indígenas zapatistas…”, se lee en el texto “Ellos y nosotros VII. L@s más pequeñ@s 6.6. La Resistencia”, del 9 de marzo.
Se espera que en la primera o segunda quincena de abril, el Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla resuelva si queda en libertad por fallas al debido proceso o sigue en prisión.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) pidió a la justicia federal la liberación de Patisthán Gómez al señalar que se han detectado “serias fallas en el proceso, entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo”.
El pasado 20 de marzo, AI envió una carta a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena Alberto Patishtán.
“Tras revisar a fondo el caso de Patishtán, Amnistía Internacional concluyó que hubo serias fallas en el proceso, entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patishtán como responsable de los delitos. Este testimonio fue tomado en cuenta, mientras que la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, fue desechada”, dice el organismo.
Indicó la organización que Alberto Patishtán no tuvo acceso a una defensa adecuada, pues tanto su defensor de oficio como un defensor posterior actuaron con notables deficiencias.
Asimismo, dice haber documentado en varias ocasiones como el sistema de justicia en México falla en garantizar procesos justos e igualitarios, especialmente cuando la persona acusada es un indígena de escasos recursos económicos y sociales.
La organización dijo que espera que el Tribunal Colegiado responda con un fallo justo y ejemplar que reconozca a los avances en la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un recurso judicial efectivo.
“Es esencial que contribuya a establecer jurisprudencia para que casos como el de Alberto Patishtán no vuelvan a ocurrir”, dijo AI.
