Hermann Bellinghausen. Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 25 de marzo de 2013, p. 17
Lunes 25 de marzo de 2013, p. 17
Al menos desde 2007, una pregunta ronda entre abogados, obispos,
activistas de derechos humanos y observadores del proceso jurídico de
Alberto Patishtán Gómez: si es tan abrumadora la evidencia de que él no
participó en la emboscada que costó la vida de siete policías entre El
Bosque y Simojovel el 12 de junio de 2000, ¿por qué sigue preso,
condenado a 60 años? Si casos más flagrantes, pero con procesos basados
en montajes y prácticas ilegales, al ser confrontados por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivaron en la libertad de
criminales capturados in fraganti o incluso confesos, ¿qué muralla impide que el profe salga libre? ¿A quién beneficia su encarcelamiento? ¿A quién afectaría su absolución?
Según se desprende de la reconstrucción periodística de lo ocurrido
hace cerca de 13 años en un paraje carretero en el norte de los Altos de
Chiapas (La Jornada, 22 y 23 de marzo), y los efectos
subsecuentes –la fabricación de cargos, el desaseo policiaco y
ministerial, la coacción contra cualquier resistencia–, habría que
empezar buscando en el gobierno estatal a la sazón. Aunque por la
gravedad de los delitos imputados se trata de un caso federal, su
elaboración judicial y administración posterior han corrido a cargo de
autoridades estatales, salvo el periodo en que Patishtán fue enviado a
un penal federal en Guasave, Sinaloa, por solicitud del secretario de
Gobierno sabinista, y ahora velasquista, Noé Castañón León.
En 2000, el mandatario estatal, interino de otro interino, era
Roberto Albores Guillén, quien llegó al cargo después de la matanza de
Acteal. Para el tiempo de la masacre de sus agentes, tenía ya graves
cuentas pendientes con el municipio oficial El Bosque y el autónomo San
Juan de la Libertad. Semanas después del crimen, su partido, el PRI,
perdió las elecciones. No obstante, nunca dejó de tener poder, pese a
los pobres intentos de su sucesor, Pablo Salazar Mendiguchía, por
investigarlo. Con la llegada de Juan Sabines Guerrero, Albores Guillén
recuperó espacio y pudo ver preso a su sucesor. Hoy, su hijo, del mismo
nombre, es senador de la República, miembro de la Cocopa y precandidato
precoz para gobernador.
El actual secretario de Gobierno, Noé Castañón León, a cargo
de la política interna de la entidad desde hace cuatro años, miembro del
grupo político de Albores Guillén y padre del actual líder del Congreso
estatal, del mismo nombre, presidía el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado (STJE) durante la captura, proceso y reclusión definitiva de
Patishtán. Como magistrado, también apoyó la remunicipalización de facto en las llamadas
zonas de influenciadel EZLN. Se le recuerda como uno de los orquestadores de las
desercionesde presuntos zapatistas (impostores y hasta delincuentes), con todo y entrega de armas, en horario estelar televisivo entre 1999 y 2000, en escenarios naturales.
El actual secretario de Gobierno ocupó la titularidad del STJE de
1995 a 2001. Años turbulentos en Chiapas. Sobrevivió a tres gobernadores
(Javier López Moreno, Julio César Ruiz Ferro y Albores Guillén); el
cuarto, Salazar Mendiguchía, antes del primer año de su gobierno lo
acusó de peculado, abuso de confianza y otros delitos que habría
cometido durante la administración precedente. No prosperaron las cuatro
averiguaciones previas que le iniciaron, pero fue destituido y dejó la
entidad en diciembre de 2001. Volvería como secretario de Gobierno de
Sabines Guerrero en 2009, cargo que conserva con Manuel Velasco Coello.
Habiendo estado a la cabeza de los tribunales chiapanecos antes y
después de los hechos en Simojovel y El Bosque, los abogados de
Patishtán se preguntan si no implica algún conflicto de intereses su
actual posición como responsable estatal de la política interna, toda
vez que la revisión del caso será decidida próximamente por un tribunal
colegiado en Tuxtla Gutiérrez. Ha mostrado interés particular en el
caso. Según documentó el Frayba, el funcionario tramitó el traslado de
Patishtán al penal de alta seguridad en Guasave (pedía las islas Marías)
para sacarlo de ser el vocero de una huelga de hambre que realizaban
los presos de la otra campaña en octubre de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/politica/017n1pol
