La Jornada / Magdalena Gómez
20/08/13
No exagero al señalar
que el tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, tiene la vida de Alberto Patishtán en sus manos. Es
inminente la resolución sobre el reconocimiento de inocencia que les ha
sido planteado por la defensa del profesor tzotzil, que más bien
deberíamos invertir para expresar tzotzil profesor, en ese orden, por
las razones que anotaré, en una suerte de intento de que los magistrados
las incorporen a las reflexiones que orientarán la decisión que tomen.
Existe la obligación para los magistrados de considerar que un indígena, en este caso tzotzil, fue juzgado en un contexto de violación estructural al debido proceso que hasta ahora se aplica con criterios de homogeneidad cultural. Y no se pide que los magistrados legislen, como suele responderse, sino que interpreten y apliquen las normas que ya existen y a las que aludimos arriba. Por otra parte, es importante colocar la mirada en el testigo de cargo que le ha incriminado sin la garantía mínima de imparcialidad al estar involucrado en redes familiares y sociales con las que el tzotzil profesor mantenía diferencias políticas en el tiempo que sucedieron los hechos. Por otra parte, si se considera para la próxima resolución de los magistrados el factor cultural, pueden observar como testimonio colectivo las múltiples expresiones comunitarias en respaldo a la inocencia del tzotzil profesor. Aún más, el escenario del conflicto que derivó en los hechos por los que resultó sentenciado, forma parte del ámbito espacial de vigencia de la ley para el diálogo, la negociación y la paz digna en Chiapas, en cuya violación aún hay responsabilidades de Estado que no han sido delimitadas y en su caso sancionadas. Por tanto, el ambiente político en que se desarrollaron los hechos que motivaron el juicio y la nada pulcra investigación sobre los mismos forma parte de la cadena de incumplimiento oficial para atender las causas que dieron origen al conflicto armado en Chiapas, como señala la ley referida. Esta resolución mostrará si el derecho puede suspender una injusticia dictada bajo consigna política. Aunado a lo anterior y en lógica de filosofía jurídica liberal, vale la pena considerar los argumentos de Ronald Dworkin y decidir con base en principios, así contraríen intereses en juego.
Somos muchos, organizaciones y personas, que en todo el mundo
estamos en espera de la justicia en este caso. Durante la Cátedra
Caminante Tata Juan Chávez Alonso, realizada en Chiapas el pasado fin de
semana, Gabriela Patishtán Ruiz saludó en tzotzil, y leyó una carta de
su padre, en la que señaló:
Es el momento de defender nuestros derechos, la madre tierra, nuestros recursos naturalesy lamentó que
lo que hacemos bien para nosotros muchos lo ven mal, nunca he robado nada y ahora no veo justicia, las autoridades me quieren ver morir en esta prisión. De esa dimensión será la resolución de los próximos días. Mañana realizarán en Tuxtla una peregrinación quienes se niegan a perder la esperanza en la justicia porque se toman los derechos en serio.
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