Editorial / Periódico la Jornada
2013-08-09
En coincidencia con la
conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer datos
concisos y exasperantes sobre la situación que enfrenta ese sector: de los 11.3
millones de integrantes de los pueblos originarios en México, alrededor de 72
por ciento (8.2 millones) se encuentra en pobreza. Por su parte, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), citando datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, recordó que sólo 57 por ciento de los indígenas
tiene acceso a instituciones de salud, 22.6 por ciento sigue viviendo en casas
con piso de tierra y 27.3 por ciento es analfabeta.
La precaria realidad
socioeconómica que enfrentan los pueblos indios –el eslabón más débil dentro de
un grupo de por sí empobrecido– se suma al historial de atropellos sistemáticos
a sus derechos individuales y colectivos. En años recientes las comunidades
originarias han padecido una guerra de despojo de sus territorios y sus
recursos naturales a manos de empresas extranjeras y grupos de poder fáctico
legales –mineras, compañías energéticas e inmobiliarias, entre otras– e
ilegales –talamontes, paramilitares, cárteles del narcotráfico–, en
muchas ocasiones con la complicidad de las autoridades.
Por lo demás, casos como el
del profesor tzotzil Alberto Patishtán, quien enfrenta un encarcelamiento a
todas luces injusto desde hace más de dos sexenios, resultan ilustrativos de la
circunstancia que tienen que padecer los integrantes de estos pueblos cada que
se tienen que relacionar con autoridades policiacas, judiciales y
ministeriales. Según cifras de la propia CNDH, más de 8 mil indígenas están
actualmente en las cárceles del país, la mayoría de ellos como consecuencia de
violaciones al debido proceso, por falta de asesoría jurídica e intérpretes o
por ausencia de recursos económicos para el pago de fianzas.
Como ha ocurrido en otros
ámbitos de la vida pública, el actual gobierno federal no ha podido o no ha
querido adoptar medidas que permitan iniciar una transformación profunda en la
situación que padecen las comunidades indígenas en el país, a pesar de que los
puntos de arranque obligados están a la vista: uno de ellos, de importancia
fundamental, es la recuperación, en sus términos originales, de las reformas
constitucionales y legales que surgieron del diálogo en San Andrés entre el
gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las cuales
fueron desvirtuadas a su paso por las cámaras legislativas hace más de tres
lustros, y cuya desatención ha perpetuado las circunstancias legales que hacen
posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos
indios por parte de la institucionalidad y de diversos sectores privados.
Hoy las expresiones de
simpatía y solidaridad hacia los pueblos indios, y las manifestaciones de
preocupación gubernamental por su situación resultan del todo insuficientes. Se
necesitan hechos.
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