México. La
permanencia de Alberto Patishtán en prisión es una incongruencia, acusa
Juan López, abogado del simpatizante zapatista Salvador López, acusado
del asesinato de policías en El Bosque en 2000 al igual que el profesor
tzotzil pero que fue liberado. Las evidencias de inocencia perfectamente
alcanzaban para liberar a Patishtán pero “alguien tenía que pagar” por
la masacre y el más desprotegido fue él, considera el defensor.
“Es evidente la inocencia de Alberto
Patishtán, ante ojos jurídicos y no jurídicos”, señala el abogado Juan
López. Salvador López fue imputado por la misma persona y por los mismos
delitos que Patishtán, originario de la comunidad El Bosque. “La
paradoja es que el Tribunal Colegiado de Circuito dio una lección de
vergüenza nacional” y liberó a su defendido, pero no a Alberto,
considera.
El 19 de junio de 2000, Salvador López
–tzotzil y simpatizante zapatista- y Alberto Patishtán fueron
aprehendidos por el asesinato de siete policías municipales de El Bosque
en una emboscada. A López González lo liberaron por inconsistencias en
el testimonio del acusador, pero Alberto Patishtán quedó preso.
“El testigo sobreviviente mintió al
señalar a dos personas como responsables del asesinato de siete agentes
de la policía”, acusa el abogado Juan López. “Presentamos a 46 personas
como testigos y demostramos que la detención de ambos fue arbitraria;
que era imposible la asociación de dos fuerzas irreconciliables, –
Salvador López, simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), y Alberto Patishtán, en ese tiempo simpatizante
priista-, además de la imposibilidad de estar en dos sitios al mismo
tiempo. Las evidencias fueron abrumadoras y a favor de la libertad para
Salvador y para Alberto”.
En el 2000, grupos paramilitares, el
ejército y las policías estatal y municipal asediaban a las bases del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e incluso a quienes no
simpatizaban con los zapatistas. Alberto Patishtán Gómez era enemigo
del presidente municipal de El Bosque, Manuel Gómez. Irónica y
casualmente, el testigo y sobreviviente de la emboscada es Rosemberg
Gómez, hijo del presidente municipal. El joven de 16 años fue el chofer
del vehículo atacado.
El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas demostró que las pruebas fueron ficticias. “En
sus primeras declaraciones, Rosemberg Gómez no reconoció a nadie”,
aclara Juan López. “Éste fue un argumento que nosotros expusimos a favor
de Salvador, y las evidencias de inocencia perfectamente alcanzaban
para liberar a Alberto”.
Para el abogado del simpatizante
zapatista, el juez debió reconocer las pruebas para ambos, pero “el
momento político en Chiapas era complicado y alguien debía pagar por la
muerte de los siete policías. El hilo más débil en la defensa le tocó al
profesor Alberto Patishtán -en práctica indefensión por la torpe
defensa que tuvo”.
Juan López precisa que el control de la
zona era de los militares y la policía estatal, mientras la policía
municipal dominaba El Bosque: “Es impensable que un grupo armado, en
medio de este polvorín militar, policiaco y paramilitar, pudiera
levantar una emboscada a un piquete de policías. Este evento estuvo
inserto en la lógica de control del territorio”.
Cárcel y organización
Las cárceles en Chiapas reciben a
centenares de presos por motivos agrarios o de demandas sociales. Hay
infinidad de indígenas encarcelados que no saben por qué motivos purgan
condena. Sin embargo, desde 1994, la organización de los encarcelados se
volvió una característica en los penales del estado de Chiapas.
“En el penal de Cerro Hueco, Alberto
Patisthán organizó –junto con maestros de la sección siete del
sindicato-, el colectivo Voz de la Dignidad Rebelde”, relata Cecilia
Santiago, integrante del Colectivo Ik’ –una de las organizaciones que
acompañan la lucha de los injustamente presos y los presos políticos en
las cárceles chiapanecas. Después de su traslado a Cintalapa, los
encarcelados fundaron La Voz del Amate, que logró una mayor articulación
con la sociedad civil a propósito del paso de la caravana que impulsó
el Subcomandante Insurgente Marcos, en el marco de la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona del EZLN. “Surgió un movimiento organizado al
interior que emprendió un plantón dentro del penal y se vinculó con el
exterior: familiares, presos y personas solidarias”, explica Santiago.
Antonio Díaz Ruiz, junto con otras 11
personas, formó parte del colectivo La Voz de El Amate, adherente a La
Sexta. En entrevista telefónica con Desinformémonos, recuerda de
su relación con Patishtán que “desde antes de la cárcel ya nos
conocíamos, y en Cerro Hueco nos encontramos”. Díaz Ruiz participó
también en La Voz de Cerro Hueco, en el penal de Tuxtla Gutiérrez,
colectivo que realizó una huelga de hambre. “Después hice contacto con
Alberto Patishtán y definimos bien la demanda de libertad de los presos
políticos. Nosotros somos creyentes, y con la palabra de dios y la
organización clandestina dentro del penal, nos hicimos fuertes y salimos
a la luz pública a través de la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona”.
La población penitenciaria en Chiapas se
caracteriza por contar con procesos penales sumamente irregulares,
expone Juan López. “En México existen severas anomalías, si se compara
con los estándares internacionales de derechos humanos”, señala López,
“y en Chiapas se nota más el abuso porque la población es indígena y en
las cárceles es triplemente penalizada: por ser pobre, por ser indígena y
por ser rebelde. Además, la Procuraduría de Justicia actúa como un
órgano de represión del Estado”.
Zacario Hernández Hernández, catequista
tzotzil y miembro del Pueblo Creyente, relata: “estuve preso en Cerro
Hueco en 2003. El 29 de febrero nos trasladaron al penal del Amate, y
ahí conocí al Alberto Patishtán. Yo estaba con Antonio Díaz, de
Simojovel”. La lucha por la libertad de Hernández fue apoyada por el
Pueblo Creyente, que en 2004 realizó peregrinaciones para exigir la
libertad de los presos políticos. El catequista fue condenado a 28 años y
tres días de prisión. “No tenía posibilidad de salir; realizamos una
huelga de hambre” a la que se sumaron presos de los penales de Playas de
Catazajá, de San Cristóbal de las Casas y de Tabasco, rememora.
“Alberto Patishán y Antonio Díaz organizaron el movimiento. Pasó la
caravana del Delegado Zero (Subcomandante insurgente Marcos) en el 2006,
y se declararon adherentes a la Sexta”.
En 2008 surgió una coordinación de los
presos de diferentes penales: El Amate, Los Llanos y el de Playas de
Catazajá. “Gracias a la valentía de los compañeros como Patishtán y los
solidarios que entienden de la injusticia en el estado de Chiapas”,
remarca Antonio Díaz, “aprendimos que no nos queda otro camino que
seguir luchando”.
Publicado el 1 de julio de 2013
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