Periódico La Jornada / Hermann Bellinghausen.Enviado
Miércoles 10 de julio de 2013, p. 17
San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de julio.
Sigue la batalla legal por la liberación de los indígenas adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona que continúan presos. El lunes 8 de julio, las autoridades autónomas de la sexta
del ejido San Sebastián Bachajón y el abogado defensor de Miguel Demeza
Jiménez, poblador de dicho ejido quien se encuentra encarcelado,
solicitaron por escrito al presidente del Consejo de la Judicatura
Federal, ministro Juan N. Silva Meza, que garantice la atención debida a
su situación jurídica, pues el trabajador tzeltal sufre encierro
carcelario sin razón.
El pasado 20 de junio, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, juez quinto
de distrito en Chiapas, en un acto que revelaba su temor a atender el
caso, remitió el juicio de amparo de Demeza Jiménez (1478/2012), al juez
primero de distrito del centro auxiliar de la cuarta región en Xalapa,
Veracruz. El juicio quedó radicado en este órgano jurisdiccional, a
cargo del juez David Gustavo León Hernández, el 28 de junio
(cuadernillo 329/2013).
Ante la maniobra, los ejidatarios piden a Silva Meza que garantice que el juez de la cuarta región en Xalapa
realice un estudio minucioso del caso y aplique los estándares más altos de protección e interpretación de los derechos humanos para la resolución del juicio de amparo.
Demeza Jiménez, campesino y albañil de 32 años, adherente a la sexta,
permanece privado injustamente de su libertad desde el 7 de octubre de 2010, sostienen los ejidatarios de San Sebastián. De inmediato, la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada solicitó su arraigo en la Quinta Pitiquitos (casa de
arraigosdel gobierno anterior, a las afueras de Tuxtla Gutiérrez),
y fue torturado.
La fiscalía, destaca el abogado Ricardo Lagunes Gasca,
construyó de manera ilícita la acusación en su contra por robo con violencia y secuestro. Miguel se encuentra bajo proceso penal por ambos delitos; aún no existe sentencia en su contra, por lo que sigue luchando jurídica y políticamente por su libertad desde el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) 14 El Amate.
Otro miembro del ejido, Antonio Estrada, permanece preso desde agosto de 2011 en el CERSS 17 en Playas de Catazajá, por
robo con violencia y portación de arma de uso exclusivo del Ejército mediante elementos obtenidos de forma ilícita y fue torturado para firmar una confesión, añade el representante legal de los indígenas.
“Su detención fue encabezada por Juan Álvaro Moreno, dirigente del
Partido Verde en Xanil, municipio de Chilón, quien lo señaló como
integrante de los adherentes a la sexta del ejido San Sebastián Bachajón que han resistido el despojo gubernamental”, apunta.
Álvaro Moreno
participó en el desalojo violento del 2 de febrero de 2011 y fue parte de la comitiva que, junto con Carmen Aguilar Gómez Primero y Miguel Ruiz Hernández, sostuvo conversaciones con el entonces secretario de Gobierno Noé Castañón León a finales de 2010, para organizar el desalojo y despojo de las tierras de San Sebastián.
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