En manos del Ejecutivo, indulto al indígena Alberto Patishtán
“El preso de conciencia más importante”
Hermann Bellinghausen / La Jornada 12/05/2012
(Parte I)
http://chacatorex.blogspot.mx/2012/05/en-manos-del-ejecutivo-indulto-al.html
Cerca de cumplirse 12 años de la nunca aclarada matanza de siete policías en Las Limas, entre Simojovel y El Bosque, al norte de los Altos de Chiapas, crece el clamor por la liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, el único acusado y sentenciado por el crimen. Esto, contra toda evidencia, y los numerosos testimonios directos que avalan la inocencia del más importante preso de conciencia en México.
Actualmente está en manos del presidente Felipe Calderón otorgarle el indulto. Agotadas las alternativas judiciales, condenado por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en 2002, incumplidos los compromisos de liberarlo del gobernador Juan Sabines Guerrero, desterrado Patishtán a un penal federal para criminales peligrosos en Guasave, Sinaloa, y ahora en riesgo de terminar en la isla mayor de las Islas Marías en la “súper cárcel” que construye el gobierno federal, sólo una acción humanitaria del Ejecutivo federal podría rescatar del horror al docente indígena y defensor de los derechos humanos, quien a su vez cumplirá el 19 de julio 12 de los 60 años a que está condenado: una cadena perpetua.
El mejor argumento en favor de Patishtán es la historia misma de aquel crimen, que en Chiapas muchos pretenden olvidar. En la actualidad puede sonar “normal” que sean acribillados un comandante de la policía estatal (Francisco Pérez Morales) y el de la municipal, en este caso de El Bosque (Alejandro Pérez Cruz), pero en junio de 2000 resultaba excepcional y grave. Perecieron cinco agentes más, mientras patrullaban el tramo carretero Lagunas en un vehículo oficial conducido por Rosemberg Gómez, hijo del entonces alcalde priísta Manuel Gómez Ruiz, quien sobrevivió al ataque y dio el único testimonio que incriminaba a Patishtán; tiempo después un juez lo consideraría insostenible al liberar a otro acusado, el indígena zapatista Salvador López González.
El procurador estatal Eduardo Montoya Liévano, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, se obstinaba en incriminar al EZLN, en el contexto de la abierta guerra de contrainsurgencia que se libraba en El Bosque contra las abrumadoramente mayoritarias bases zapatistas y el municipio autónomo San Juan de la Libertad. El 10 de junio de 1998, policías estatales y federales, el Ejército y los paramilitares de Los Plátanos atacaron las comunidades Unión Progreso y Chavajeval, matando a una decena de indígenas zapatistas y oficialistas. La presidencia municipal de El Bosque, ocupada por el consejo autónomo de los rebeldes, fue desalojada violentamente, y el ayuntamiento popular encarcelado. Albores lo llamaba “desmantelar” municipios autónomos. Ese año lo hizo con otros dos en la selva Lacandona. En El Bosque instaló como alcalde a su incondicional Manuel Gómez Ruiz, considerado espurio por la mayoría de la población, incluyendo los no zapatistas.
Hacia 2000, antes de las elecciones que desplazarían al PRI de los gobiernos federal y estatal, era notable la descomposición institucional en El Bosque, tras dos años de militarización y contrainsurgencia. El trasiego impune de estupefacientes de Huitiupán hacia El Bosque estaba en boca de todos. Sin embargo, al parecer no se consideró como línea de investigación la probable participación de paramilitares u otra expresión armada, y menos del propio gobierno municipal. Al contrario, la pieza clave fue el sobreviviente Rosemberg y su categórica afirmación de que vio a Alberto Patishtán ponerse delante del vehículo apuntándole con un AK-47, mientras otros sicarios baleaban la patrulla policiaca.
A nadie le pareció importante preguntarse qué hacía ese muchacho, hijo del alcalde, manejando para la policía estatal en lo que se describió siempre como un “patrullaje de rutina”. Años después, al calor de las copas, Rosemberg solía reconocer, arrepentido, que mintió por instrucciones de su padre, y que de premio recibió una camioneta nueva.
Mucho menos se dio importancia a la existencia de otro testigo sobreviviente, el agente estatal Belisario Gómez Pérez, quien antes de desaparecer del mapa (él y sus testimonios) sostuvo consistentemente que la emboscada fue realizada por tiradores ocultos y que no pudieron ser vistos por la patrulla. Nunca aceptó haber visto a Patishtán o al zapatista acusado en el lugar de los hechos.
Las investigaciones federales tampoco exploraron entre los móviles alguna diferencia interna. Cuando el EZLN dio a conocer su investigación, el subcomandante Marcos destacó que la acción fue realizada por tiradores profesionales que debían contar con información interna sobre el patrullaje. Pero no, el procurador Liévano Montoya y los tribunales quisieron acreditar una presunta venganza de los zapatistas, o bien un desbordamiento de la existente oposición de los pobladores de El Bosque al gobierno corrupto de Gómez Ruiz; en ella participaban, pública y abiertamente, Alberto Patishtán y el magisterio sindicalizado de la zona.
Sólo él cargó con la masacre, aunque había al menos 10 testimonios de que al momento de la emboscada el acusado se encontraba en otro lugar, realizando actividades educativas con padres de familia y personal docente. Testimonios que hoy siguen en pie, de personas identificadas y dispuestas a declarar ante cualquier autoridad.
Patishtán, condenado a morir en prisión por una venganza política
· Dos gobernadores de Chiapas prometieron su libertad y no cumplieron
· El martes inicia la semana mundial para exigir su excarcelación
Hermann Bellinghausen / La Jornada 13/05/2012
(II y última)
Alberto Patishtán está condenado a morir en prisión por un crimen con el cual nunca tuvo que ver. Está comprobado que es víctima de una venganza política y ha servido de chivo expiatorio para autoridades mucho menos inocentes que él.
Semanas antes de la masacre de policías ocurrida el 12 de junio de 2000 en la carretera Simojovel-El Bosque, en los Altos de Chiapas, el descontento de la población con el presidente municipal Manuel Gómez Ruiz era generalizada. Barrios, ejidos, comunidades y organizaciones sociales lo responsabilizaban de cuatro asesinatos en las inmediaciones de Chavajebal, y uno más dentro de la cárcel municipal.
El 26 de mayo de aquel año, decenas de representantes de prácticamente todo el municipio, en un amplio documento estampado con sellos y firmas exigían al gobernador Roberto Albores Guillén la destitución del alcalde y el nombramiento de un concejo. Otras acusaciones muy precisas contra Gómez Ruiz eran: acoso sexual y despido contra empleadas del ayuntamiento, corrupción, nepotismo, abandono de la seguridad pública e incumplimiento de obras. El día 30 insistieron ante el gobernador. En aquel movimiento de descontento participaba el profesor bilingüe Alberto Patishtán Gómez, de 29 años, delegado magisterial y presidente de la Sociedad Productora del Bosque (SSS) en el barrio La Canoa, donde residía.
El 12 de junio ocurrió la emboscada contra una patrulla de policías estatales y municipales con siete muertos. Así como los cinco asesinatos anteriores nunca se resolvieron, este tampoco. Después de la masacre, el alcalde impuso la versión de que los culpables eran sus opositores; amagó con acusar a decenas, al final se concentró en Patishtán, sobre él recayó todo y el 19 de julio de 2000 fue detenido por la Policía Federal.
Ernesto Vázquez Reyna, de la unidad especializada para la atención de los delitos cometidos por probables grupos civiles armados, llevó la averiguación previa con peritos de la Agencia Federal de Investigaciones. Tras un mes de arraigo en Tuxtla Gutiérrez, Patishtán fue encarcelado en el penal de Cerro Hueco.
En tanto, en El Bosque se dieron protestas de la población pidiendo su liberación. Hubo marchas con pancartas de sus compañeros del magisterio y una toma de la presidencia municipal. El gobernador Albores Guillén prometió su libertad si desalojaban el cabildo. Así lo hizo el pueblo, y él no cumplió.
La situación de Patishtán quedó en el aire tras el cambio de gobierno. El 25 de marzo de 2001, el presidente del comisariado ejidal de El Bosque y unos 20 representantes sociales escribieron al nuevo presidente de la República, Vicente Fox Quesada, argumentando la inocencia del profesor. La respuesta llegó el 18 de marzo de 2002, cuando el acusado fue sentenciado a 60 años de prisión. Apeló de la sentencia y le fue confirmada el 21 de agosto. Patishtán promovió amparo directo y el 11 junio de 2003 le fue negado.
Las acciones y demandas no han cesado, ni en el ofendido municipio de El Bosque, ni entre las organizaciones de presos políticos que en Chiapas han alcanzado periodos de gran relevancia después de 2006 a través de la otra campaña. En 2008 y 2011 los presos políticos, con Patishtán en sus filas, efectuaron prolongadas huelgas de hambre en penales chiapanecos. Muchos salieron, él no. En 2009 se promovió un “reconocimiento de inocencia” ante los tribunales, denegado el 3 de febrero de 2010 con ponencia a cargo del magistrado Pablo Quiñones Rodríguez.
En enero de 2010, el obispo emérito Samuel Ruiz García lo visito en la cárcel para entregarle un reconocimiento como defensor de los derechos humanos y pidió su libertad. Como Patishtán ha padecido crecientes problemas de glaucoma diabético –nunca atendidos en prisión–, el respaldo del obispo ayudó para que el gobierno lo trasladara a un hospital en Tuxtla Guitérrez. Allí lo visitó el mandatario Juan Sabines Guerrero, quien se comprometió realizar las gestiones necesarias ante la Federación para ponerlo en libertad.
En vez de eso lo mantuvieron encadenado a la cama hasta regresarlo a su celda seis meses después, y en septiembre de 2011, por conducto del secretario de Gobierno, Noé Castañón, Sabines solicitó su traslado a un penal de alta seguridad lejano, sugiriendo las Islas Marías. Esta solicitud sí fue atendida y en octubre Patishtán fue sacado aparatosamente del penal en San Cristóbal de las Casas a media huelga de hambre. Al otro día ya estaba en el nuevo penal federal Norponiente de Guasave, Sinaloa, donde permanece aislado completamente y en encierro de 23 horas diarias.
Foro en San Cristóbal
Este sábado inició un foro de dos días “contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patishtán” en Cideci-Unitierra de San Cristóbal, con la participación de familiares suyos, centros de derechos humanos, organismos de la otra campaña, representantes comunitarios y magisteriales de El Bosque, y organizaciones civiles de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, estado de México y Distrito Federal.
El martes próximo dará inicio una semana mundial para exigir su libertad y la del zapatista Francisco Santiz López, y el viernes 18 habrá una movilización en El Bosque exigiendo el regreso de Patishtán. Colectivos de varios países se han sumado a las acciones de esta semana.
Lo que no queda claro es si alguien escucha allá arriba. Parece que no, mas la defensa y los grupos solidarios han conformado un blog con la información del caso:
Hermann Bellinghausen (II y última) / La Jornada 13/05/2012
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Más sobre el Foro contra la prisión política en CIDECI….Chiapas
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